El incremento del crimen, el poder del narcotráfico y la aparente falta de efectividad gubernamental para combatirlo son elementos presentes en prácticamente toda América Latina. Con diferencias, la realidad muestra una fuerte presencia del crimen organizado en países tan diversos como Paraguay, Brasil, Colombia, Guatemala y México, así como vinculaciones cada vez más evidentes en el resto de las naciones.
El diagnóstico es poco alentador. Los niveles de desigualdad, fragmentación social, inequidad en la entrega de los bienes públicos como educación y salud e incluso la segregación urbana, son elementos detonadores de mayores probabilidades de presencia del crimen y no han variado significativamente en los últimos años. Ni que decir de los índices de consumo de alcohol y drogas, la prevalencia de la violencia doméstica y la generalizada utilización de la fuerza para resolver todo tipo de conflicto cotidiano.
Por decirlo en claro, los cambios estructurales necesarios para enfrentar al crimen de forma efectiva no se han realizado. Y en algunos países ni siquiera se están empezando a plantear en la agenda pública.
Los gobiernos tienen pocas herramientas para enfrentar esta situación. Generalmente olvidadas, mal pagadas y con prácticas de corrupción e ineficiencia en el centro de su accionar cotidiano, las instituciones policiales tienen mínimas capacidades para enfrentar este enemigo. La carencia de información conlleva a prácticas meramente reactivas, la falta de entrenamiento adecuado limita la posibilidad de investigación seria sobre los hechos, y las precarias condiciones laborales y salariales promueven la descomposición, la ineficacia y el uso indebido de la fuerza.
¿Qué hacer? Muchos gobiernos se han visto enfrentados a una pregunta que inquieta a los ciudadanos como mostró la última información del Latinobarómetro donde la mayoría de latinoamericanos expresó que la seguridad era su primera preocupación. Pero también es el requerimiento del concierto internacional que reclama por acciones que limiten el derrame regional del problema, especialmente de aquel vinculado con el crimen organizado.
La solución no es fácil y, sin duda, requiere de capacidades de entendimiento de la complejidad del fenómeno, así como de rapidez en la elaboración e instrumentación de políticas. En algunos países la utilización de las fuerzas armadas ha sido asumida como la única alternativa viable para no perder gobernabilidad, asegurar el Estado de derecho y consolidar una imagen de fuerza frente a verdaderos ejércitos paralelos vinculados con el crimen organizado.
Pero ¿sirve sacar soldados a la calle? Depende. En primer lugar, el envío masivo de personal subalterno con limitada capacitación para enfrentar el problema es un arma de doble filo porque genera conflictos con una ciudadanía que espera soluciones rápidas y, además, una oferta pública más global, así como con las instituciones policiales que no encuentran forma de organización, respuesta alternativa a la presencia armada y el control del espacio. En segundo lugar, la presencia disuade y permite avanzar, pero no genera caminos sólidos. Sin duda en eventos de emergencia la participación militar puede servir como válvula para disminuir la presión del momento , mas instalada en el tiempo pierde efectividad. En tercer lugar, el trabajo de terreno en lugares con alta penetración del crimen organizado pone en peligro de corrupción al personal, con lo que las fuerzas armadas aún reconocidas con ciertos grados de legitimidad social podrían sufrir un daño casi irreparable.
¿Qué hacer? Si es necesaria la presencia militar se requieren de claros objetivos de ingreso y egreso de los territorios. Es decir, programas paralelos de fortalecimiento y modernización de las instituciones policiales para que puedan dar cuenta del problema en el más breve plazo. Instalar sistemas de alerta temprana, y denuncia directa por parte de la sociedad civil para evitar cualquier tipo de corruptela o abuso de la fuerza en el marco de la llamada lucha contra las drogas. Destrabar la posible vinculación entre crimen y política es una tarea urgente en América Latina, partiendo con claros mecanismos de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, las campañas, el avance en la claridad de las cuentas públicas de gobiernos nacionales, regionales e incluso locales, para de esta forma evitar la consolidación de un gobierno que se haga el desentendido o que directamente participe de iniciativas ilegales.
Los militares están jugando un rol importante, tratando de reparar un daño social, económico y político realizado durante muchas décadas pero las consecuencias pueden ser catastróficas. La escalada en el uso de la violencia, las limitaciones de derechos en nombre de mayor seguridad, la crisis de la legitimidad institucional, el enfrentamiento entre las diferentes ramas militares son sólo algunos pronósticos no impensables en la mayoría de casos donde esta condición se ha presentado. Situaciones todas en países con altos niveles de conflicto, ya que sin duda pensar en la utilización de militares para patrullaje vecinal en naciones donde la presencia del crimen está medianamente controlada es tratar de apagar el incendio con gasolina.
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